El pasado 28 de septiembre, la Comisión Europea presentaba la Propuesta de Directiva relativa a la adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual a la Inteligencia Artificial (Directiva sobre responsabilidad en materia de IA).
Aunque la norma no ha entrado formalmente en vigor, dicha iniciativa, junto con el último Reglamento sobre normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, nos permiten vislumbrar el futuro de una nueva regulación de los sistemas de IA.
- El efecto caja negra y su incidencia sobre la carga probatoria
El objetivo fundamental de esta Directiva es aliviar la carga probatoria del demandante, pues debido a la naturaleza misma de la inteligencia artificial, la adquisición de pruebas puede resultar una tarea excesivamente compleja para el demandante.
Se trata del conocido efecto caja negra: el aprendizaje automático que caracteriza a las inteligencias artificiales impide que pueda supervisarse la totalidad de todo su proceso de entrenamiento. Por ello, y en vista de que debe comprender el funcionamiento interno del algoritmo para poder probar un daño con IA, la labor probatoria del demandante se ve muy dificultada. Así, son dos, fundamentalmente, las claves que presenta esta nueva propuesta legislativa con el fin de aliviar dicha carga:
- Revelación de pruebas
La Directiva reconoce que los tribunales podrán ordenar la revelación de pruebas por parte de las empresas y proveedores de sistemas de IA.
Por el momento, esta facultad se limita únicamente a los sistemas de IA de alto riesgo.
El demandante podrá solicitar la revelación de pruebas por parte de los proveedores únicamente cuando demuestre haber realizado previamente esfuerzos razonables y plausibles para adquirir dichas pruebas.
En cualquier caso, en vista de que también ha de velarse por el secreto empresarial, y cumpliendo con el principio de proporcionalidad, la Directiva limita dicha revelación a aquella información estrictamente necesaria para juzgar el caso.
- Presunción de causalidad, derecho de supresión (con la variante del derecho al olvido)
La Directiva establece también una presunción de causalidad en favor del demandante. Dicha presunción implica que, una vez el demandante haya probado tanto el daño generado por la inteligencia artificial como el incumplimiento del demandado de sus deberes de diligencia, se presumirá que el daño ocasionado es consecuencia de dicho incumplimiento. En definitiva, se busca garantizar al perjudicado un nivel de protección similar al existente en aquellas situaciones en las que no interviene la IA y en las que, por tanto, la causalidad puede ser más fácil de demostrar.
La Inteligencia Artificial, y los aspectos que se ven afectados por la misma, son temas complejos y en constante evolución.
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